La Oficina de los Derechos Humanos (DD. HH.) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvo que cesar sus operaciones en Burundi debido a las presiones del gobierno, luego de haber trabajado en la entidad por más de 23 años.

Los principales casos que estuvo abordando dicho departamento en el nación africana fueron por desapariciones forzosas, agresión sexual y violación de los derechos fundamentales en las libertades públicas de los ciudadanos.

La información la emitió la alta comisionada de la ONU para los DD. HH., Michelle Bachelet, a través de un comunicado, en el cual más allá del cierre enfatizó en los avances que había conseguido desde el organismo.

«Lamentamos profundamente haber tenido que cerrar nuestra oficina en Burundi después de una presencia de 23 años en el país», así lo notificó la chilena en la misiva (…) Desafortunadamente, muchas de estas mejoras en los derechos humanos se han puesto en grave peligro desde el 2015″, dijo a través de un «espíritu constructivo» la chilena.

¿Por qué cerró la ONU la oficina en Burundi?

En la realidad, la oficina fue cerrada el pasado 28 de febrero, no obstante, la ONU no confirmó la noticia hasta este 5 de marzo.

Las operaciones finalizaron luego de que en diciembre los mandatarios de Burundi exigieran a la institución que abandonara el país, aun cuando Zeid Ra`ad al Hussein, jefe de la organización, compara el lugar con un matadero prolífico de seres humanos. 

La oficina de la ONU en Burundi fue fundada en 1995 en un ambiente de consensuar en las violaciones extremas en derechos humanos cometidas tras el derrocamiento y asesinato del entonces presidente, Melchior Ndadaye. Sin embargo, no fue sino hasta 2016 cuando la gerencia burundés decidió romper cualquier cooperación con el organismo.

Pese a la negativa, Bachelet aseguró que continuará «explorando otras formas de trabajar para aclarar la situación y apoyar la promoción y protección de los derechos humanos en el país».

Bachelet sobre la crisis humanitaria y violación de derechos en Venezuela

La alta comisionada ha mantenido una posición «neutral» en todo momento con respecto a la transición política en Venezuela impulsada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y este miércoles lo ratificó nuevamente al asegurar que las sanciones impuestas por los Estados Unidos (EE. UU.) acrecientan la crisis.

«La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de respeto a las libertades fundamentales y a la independencia de instituciones claves, puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales (…) Situación que ha sido agravada por las sanciones», dijo.

 

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