La Corte Nacional de Ecuador ordenó este jueves prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, presuntamente implicado en un caso de sobornos junto a otros ex altos funcionarios de su último gobierno para la adjudicación de contratos con el Estado.
La medida cautelar fue ordenada por la jueza Daniella Camacho, quien además pidió a Interpol que se libre una orden de captura internacional, en ratificación a la petición de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
El caso contra Correa se trataría de una trama de corrupción al estilo Odebrecht que Salazar viene investigando bajo el nombre de “Sobornos 2012-2016” (antes denominada como “Arroz Verde”) que incluye, además, al ex vicepresidente Jorge Glas, los exministros Walter Solís, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado y al ex secretario jurídico Alexis Mera.
Según las alusiones en clave, en esta asociación organizada se distribuía el dinero de los sobornos con autorización y conocimiento de “SP”, siglas que significan “Señor Presidente”, de acuerdo al mismo Rafael Correa.
La investigación inicial, sin embargo, se enfocó en la entrega de dinero para la campaña política de 2014 por parte de contratistas públicos que recibieron adjudicaciones en la última década por miles de millones de dólares, entre ellos, Odebrecht y la compañía china Sinohydro, ya procesadas en Ecuador por otros casos de corrupción.
De acuerdo a la fiscalía, tanto Correa como sus exfuncionarios “abusaron de sus cargos, recibieron dinero en efectivo y especies de personas naturales relacionadas con actividades empresariales, ya sea de accionistas, representantes o intermediarios para ser beneficiarios de Contratos del Estado”.
Para avanzar con el caso, la jueza Camacho aceptó las versiones rendidas por la asesora presidencial de Correa, Pamela Martínez, y su asistente, Laura Terán, quien declaró ante la justicia que por órdenes del expresidente Correa recibía sobres con dinero de aportes de diferentes empresas y personas para entregárselos a su vez a otros funcionarios, entre ellos Alexis Mera.
Este es el segundo caso de orden de prisión preventiva contra el exmandatario ecuatoriano.
La primera orden se realizó el año pasado en un proceso judicial por su presunta implicación en el secuestro de un asambleísta opositor en Colombia hace siete años. Ese caso, que está en fase de juicio, fue suspendido debido a que el político se niega a comparecer en el juzgado.
Esto se debe a que Correa considera que es un perseguido político del gobierno de Lenín Moreno, pese a que el actual jefe de estado fue su sucesor por el partido Alianza País y en la presidencia de la república.
Además de la prisión preventiva contra Correa, la jueza Camacho ordenó la prohibición de enajenación de bienes para por más de un millón de dólares para los 22 nuevos presuntos implicados en el caso.
Por su parte, contra Rafael Correa pesan otras 12 causas de investigación ante la justicia, mientras que su ex vicepresidente, Jorge Glas, se encuentra en prisión con sentencia de seis años por su implicación en el caso Odebrecht y tiene pendiente otro cargo por presunta malversación de fondos.
Por su parte, el exministro de Obras Públicas, Walter Solís se encuentra prófugo y el exministro de Turismo, Vinicio Alvarado se encuentra en Venezuela desde el inicio de la investigación.
