La justicia de Brasil ha ratificado este miércoles la segunda condena por corrupción del expresidente de izquierda, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, y la ha elevado a 17 años, por supuestamente haber incurrido en corrupción y blanqueo de capitales.

El fallo fue realizado por un tribunal en segunda instancia y se debe a que los tres jueces de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que el exmandatario se habría beneficiado de las obras realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casa de campo ubicada en el municipio de Atibaia, en São Paulo.

Estas construcciones tenían un monto de cerca de 1 millón de reales, unos 236.000 dólares, y habrían sido entregadas a Da Silva a cambio de favorecer a estas empresas con contratos con la estatal petrolera Petrobras.

En un principio, la condena en primera instancia condenaba a Da Silva a 12 años y 11 meses de prisión por el caso Atibaia.

Cristiano Zanin, abogado de Da Silva. Foto cortesía: Prensa Latina

Este anuncio supone un nuevo golpe judicial al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, como Da Silva fue liberado de prisión el pasado 8 de noviembre debido a una reciente medida del Tribunal Supremo, el exmandatario podrá recurrir en libertad la nueva condena.

Durante el juicio contra Da Silva del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, el instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, aseguró que “poco importa la cuestión sobre la propiedad de casa de Atibaia”, pues el “hecho es que Lula usaba el inmueble”, formalmente registrado a nombre del empresario Fernando Bittar.

“Tenemos amplia documentación de pruebas, con informes periciales, documentos, bienes, referencias de testigos de que Lula utilizaba el inmueble”, agregó el magistrado en su voto.

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Inácio Lula da Silva ondea la bandera brasileña en Sao Bernardo de Campo, 9 de noviembre de 2019. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

Por otra parte, los tres jueces votaron unánimemente en contra de la anulación del proceso, luego de que la defensa del exmandatario así lo solicitara por un reciente fallo del Supremo Tribunal que permite tomar esa medida cuando un acusado no se le permite ofrecer sus declaraciones después de otro imputado que ha decidido colaborar con la justicia.

De acuerdo a Gebran Neto, la negativa del tribunal se debe a que Da Silva no se habría visto perjudicado por el orden de las declaraciones, luego de que se hiciera un estudio de las mismas. Los otros dos jueces estuvieron de acuerdo con el argumento.

Tras el fallo, la defensa de Da Silva criticó la rapidez del proceso y la apariencia política del mismo.

Igualmente, los abogados del expresidente denunciaron persecución jurídica en contra del exmandatario de 74 años de edad.

“Vimos argumentos políticos siendo presentados en vez de argumentos jurídicos. La cuestión del derecho quedó despreciada”, dijo Cristiano Zanin, abogado de Da Silva.

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