Este lunes, la fiscalía colombiana informó el desmantelamiento de una red de explotación sexual que presuntamente abusaba de menores de edad de nacionalidad colombiana y venezolana en condición de pobreza en el departamento fronterizo de La Guajira.
De acuerdo a las investigaciones, la banda estaba conformada por ciudadanos colombianos y venezolanos, quienes ofrecían dinero, alimentación y hospedaje a los adolescentes, quienes eran engañados y luego golpeados y sometidos a «vejámenes sexuales”.
“Captaban a los menores a través de engaños y, aprovechándose del bajo nivel socio-económico de sus víctimas y familias, les ofrecían dinero, alimentación y hospedaje en las poblaciones de Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan del César a cambio de comercio sexual”, señaló un vocero de la fiscalía en condición de anonimato a la agencia de noticias Associated Press.
Las investigaciones también señalan que las víctimas tenían entre 14 y 17 años y eran obligadas a mantener relaciones sexuales por 40 mil y 80 mil pesos (entre 11 y 24 dólares al cambio).
Las autoridades, en este sentido, señalan que los miembros de esta organización criminal explotaron a 16 menores de edad, mayormente niñas venezolanas, durante casi un año y las tuvieron cautivas en varios inmuebles, lugar al que acudían hombres para violarlas a cambio de dinero.
Una de las víctimas, de hecho, habría sido “amarrada y drogada” y sometida a abusos por un año, de acuerdo a los datos ofrecidos por la fiscalía.
Varias de estas menores fueron rescatadas por la policía.
Por este crimen, los dos venezolanos y ocho colombianos capturados en el operativo de inteligencia de 10 meses, deberán responder por delitos sexuales contra menores de edad y explotación sexual comercial de menores.
Entre estos capturados, se encuentran las hermanas Yasmín y Yirlen Oñate, quienes ofrecían su residencia para retener a los menores, donde eran abusados. Estos inmuebles se hallaban en los municipios de Fonseca y San Juan del César.
Igualmente, entre los lugares donde mantenían cautivos a los adolescentes, figuran un motel y dos hoteles, los cuales tienen un valor de al menos 2.000 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares estadounidenses).
De ser halladas culpables, estas personas se enfrentarán de 14 a 25 años de prisión, de acuerdo a las leyes del país neogranadino.
Según datos oficiales de la policía colombiana, en lo que va de año, 188 personas han sido capturadas por el delito de proxenetismo, abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
En Colombia, actualmente residen 1,4 millones de venezolanos, entre legales e ilegales, quienes fueron al país vecino como consecuencia de la fuerte crisis socioeconómica y política que azota a la nación caribeña.
De acuerdo a las autoridades de Colombia, muchos de estos venezolanos son reclutados por redes de proxenetas, narcotraficantes y grupos armados al margen de la ley, que se aprovechan de la situación de pobreza e, incluso, de refugiados, de estas personas.
