El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidirá este miércoles 2 de septiembre el alcance de un recurso judicial que podría permitir la anulación de casi 150 condenas de la operación Lava Jato, incluyendo la del expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien fue encarcelado en el 2018.
Esta sesión del poder judicial del país suramericano viene después de que el tribunal aceptara el hábeas corpus presentado por un exgerente de Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, quien consideró que su derecho como acusado de declarar después de su delator no fue respetado, lo que se traduce como una violación a los procesos de defensa.
Esta decisión del STF fue aprobada por seis de los once jueces de la máxima corte brasileña, dando así paso a un hito en lo que fue la mayor operación anticorrupción que ayudó a destapar tramas tanto en Brasil como en el resto de la región latinoamericana.
No obstante, a pesar de que los fiscales han advertido que la futura decisión podría desencadenar en “la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados”, el presidente del STF aseguró que están estudiando crear un límite para atenuar el alcance de la decisión de la pasada semana.
En este sentido, de acuerdo a juristas consultados por la agencia de noticias AFP, la eventual decisión del STF probablemente no beneficiará a da Silva, quien fue sentenciado a 12 años y 11 meses por el caso “sitio de Atibaia”.
Lula da Silva cumplió la semana pasada una sexta parte de su condena, lo que le permite, en cualquier caso, cumplir condena en un régimen semiabierto; es decir, trabajar durante el día, portando una tobillera electrónica, y regresar a prisión por las noches.
Sin embargo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se negó en una carta a dicho beneficio, afirmando que no cambia su dignidad por su libertad.
No cambio mi dignidad por mi libertad (…) No acepto canjear mis derechos.
“Cabe ahora a la Corte Suprema corregir lo que está errado para que haya justicia independiente e imparcial”, agregó.
Además del caso “sitio de Atibaia”, da Silva cumple desde abril de 2018 una condena de ocho años y 10 meses por haberse beneficiado de un apartamento tríplex puesto a su disposición por parte de una constructora involucrada en el escándalo de la estatal Petrobras.
El exmandatario, no obstante, recurrió a interponer un recurso judicial que cuestiona la constitucionalidad de las prisiones a partir de condenas en segunda instancia, así como uno que cuestiona la parcialidad del exjuez y ahora Ministro de Justicia, Sérgio Moro.
Este último surge tras la filtración de mensajes que mostrarían cierto entendimiento entre la fiscalía y el exjuez Moro.
