Este lunes, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, volvió a denunciar la vulneración de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y el Estado venezolano.
La denuncia, que incluyó llamados de atención por tortura y ejecuciones extrajudiciales, se realizó a través de la presentación de un nuevo informe sobre la situación del país suramericano en el marco de la cuadragésima segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, evento que inició este 9 de septiembre en la ciudad de Ginebra.
“Mi oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional”, señaló en su discurso la diplomática, quien agregó que tan solo en el mes de julio “la organización no-gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”.
Bachelet, asimismo, precisó que su oficina logró documentar “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.
No obstante, la también exmandataria chilena reconoció que el gobierno de Maduro cumplió con la excarcelación de 83 personas que habían sido privadas de libertad arbitrariamente.
Por otra parte, Bachelet aprovechó el actualizado documento para denunciar nuevamente las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, las cuales estaría contribuyendo a “agravar la situación humanitaria” en Venezuela y el éxodo de venezolanos.
En este sentido, alertó sobre la agudización de la crisis económica y social del país durante el año en curso. “[Venezuela] atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado” América Latina”, dijo Bachelet al respecto, quien detalló que en Venezuela el sueldo mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 del mes de julio.
Una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria.
“Todo esto está contribuyendo al deterioro de la situación humanitaria y a la salida de venezolanos del país”, detalló Bachelet, al tiempo que añadió que 4,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos ya han abandonado la nación caribeña.
Al respecto de este nuevo informe, el número dos del régimen chavista y presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó rápidamente la denuncia de Bachelet, a quien calificó de “ensañarse con Venezuela”.
“Lo que diga la señora Bachelet (…) no nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear para nada”.
Por su parte, el viceministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez, afirmó durante su intervención en el ciclo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que el reciente informe de Bachelet era inexacto y erróneo.
El pasado 5 de julio, la Alta Comisionada presentó un primer informe en el que también alertó sobre la vulneración a los derechos humanos en Venezuela, así como la “erosión del Estado de derecho”.
Bachelet habría tenido que negociar entrada de sus técnicos a Venezuela
De acuerdo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG por los derechos humanos en Venezuela, Provea, los técnicos de la alta comisión de Naciones Unidas, Carlos de la Torre y Sara Nuero Escobar, habrían tenido prohibido reingresar a Venezuela tras haber salido del país a principios de agosto para “evaluar la situación como consecuencia del informe”.
Uzcátegui, quien afirma tener comunicación permanente con la oficina de Bachelet, aseguró que “el gobierno de Venezuela les mandó una comunicación que no podían regresar”.
“A partir de este momento empezaron las negociaciones para que su presencia se restableciera. La semana pasada el gobierno aceptó que volvieran a ingresar los dos oficiales”.
