El pasado lunes, 25 de noviembre, Dilan Cruz, estudiante de 18 años de edad, se convirtió en la primera víctima mortal de las manifestaciones en el país neogranadino tras dos días de haber resultado herido en la cabeza por un tiro de parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, en medio de una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.
Este jueves, en este sentido, se ha confirmado que el adolescente había recibido un tiro de escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con “múltiples perdigones de plomo”, de acuerdo al informe forense divulgado por parte de la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García.
Según García, “los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante, ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego. Esto ocasiona severos e irreversibles daños en el encéfalo”.
La funcionaria colombiana también explicó que los elementos estudiados por el equipo de Medicina Legal eran parte de “un cartucho de carga múltiple, munición de impacto” del tipo Bean Bag, una bolsa de perdigones de plomo.
Por otra parte, García agregó que los informes de necropsia y balística fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación el día jueves con el fin de iniciar la investigación penal por la muerte violenta de Cruz, quien se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.
Al respecto del hallazgo del Instituto de Medicina Legal, el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, aseguró que el Ministerio Público se encuentra verificando los hechos.
Sin embargo, Carrillo enfatizó en que “los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz”.
Asimismo, el alto funcionario gubernamental señaló que el caso de Cruz no debe repetirse en las manifestaciones que actualmente atraviesa Colombia y citó como ejemplo a Chile, país suramericano que también vive una crisis social y política que ha dejado al menos 23 personas muertas, de las cuales seis serían víctimas de la represión de los agentes de seguridad del Estado, específicamente los Carabineros (policía militar).
“Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile, luego de 41 días del inicio de las protestas sociales”, enfatizó el procurador colombiano.
De acuerdo a los organismos internacionales Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, en Chile se han establecido abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, elementos que han causado graves lesiones oculares a más de 230 personas.
Además de Colombia y Chile, en los últimos meses Ecuador y Bolivia también se han visto inmersos en graves protestas antigubernamentales.
