La ministra de relaciones exteriores de la presidencia interina de Bolivia, Karen Longaric, ha anunciado que la justicia del país andino ordenó la captura de cinco altos exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.
De acuerdo a Longaric, las cinco órdenes de aprehensión han sido enviadas a la embajada de México en Bolivia, donde estos políticos se encuentran refugiados tras las renuncia de Morales como presidente semanas atrás.
Igualmente, Longaric aseguró que se muestra optimista ante la respuesta del gobierno mexicano a la petición de Bolivia.
Los exfuncionarios que fueron reclamados por la Fiscalía de Bolivia son el ex ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana; la ex ministra de Cultura, Wilma Alanoca; el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, Nicolás Laguna, y el ex funcionario de informática del Órgano Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán.
El exjefe de la cartera de Presidencia, Quintana, está siendo acusado de terrorismo, mientras que la exministra, Alanoca, fue señalada luego de que las autoridades hallaran cocteles molotov en la sede del Ministerio de Cultura.
Sobre Laguna y Martínez pesan cargos por fraude electoral y Vásquez es solicitado por supuestamente haber hecho uso indebido de bienes del Estado.
Según la ministra Longaric, estos cinco funcionarios no podrán optar por un salvoconducto y, en caso de no ser entregados, su estancia en la embajada de México deberá prolongarse en el tiempo, recordando así el caso de Roger Pinto, quien huyó a la embajada de Brasil en el año 2012 luego de ser acusado de delitos fiscales.
El fallo de la Fiscalía de Bolivia llega en medio de las más grave crisis política que el país suramericano ha vivo en los últimos años, luego de que el expresidente Evo Morales, quien gobernó por casi 14 años, renunciara a su cargo pocas horas después de haber llamado a nuevas elecciones.
La crisis en Bolivia se desató después de que Morales fuera declarado como presidente electo en primera vuelta en los comicios del 20 de octubre, un día después de que se suspendiera la transmisión de datos preliminares que auguraban una victoria del líder indígena, pero un inminente balotaje para determinar el futuro del país.
Tras el canto de fraude por parte de la oposición boliviana, liderada por el excandidato Carlos Mesa, la administración del partido MAS aceptó una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) la cual, finalmente, no pudo validar los resultados electorales por graves irregularidades en el proceso de votaciones.
