Tras trece días de la caída y tres del hallazgo sin vida de Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo de Totalán, la Guardia Civil se centra en esclarecer las circunstancias del accidente. Los investigadores intentan descubrir quién fue el responsable de destapar el pozo. Tanto el dueño de la finca como el pocero presentaron sus declaraciones ante la Guardia Civil y podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión.
Los investigadores están centrando sus esfuerzos en determinar qué responsabilidad pueden tener David «el dueño del terreno» y Antonio Sánchez «el pocero» tras haber realizado una serie de obras sin el permiso correspondiente y haber dejado el pozo donde cayo el pequeño, al descubierto.
El pasado 13 de enero mientras el papá de Julen cocinaba una paella en la finca de la pareja de una prima en un compartir familiar, nunca se imaginó que su pequeño de 2 años, quien en ese momento se encontraba jugando en el terreno, caería por accidente en un pozo abandonado de 25 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad.
El Dueño del terreno y el pocero se responsabilizan mutuamente
A través de la investigación, se conoció que Jose — el dueño del terreno — habría hecho cavar el pozo sin autorización alguna, con la presunta finalidad de extraer agua, y que el pozo se habría dejado al descubierto, además Jose quería levantar una casa y ordenó rebajar terreno de la montaña y construir una zanja en donde esta previsto un muro de contención.
Se cree que la maquinaria utilizada para realizar estas obras habrían removido la piedra que supuestamente el pocero, Antonio Sánchez, había colocado luego de finalizar el pozo.
Como el pozo no sirve y eso se queda como un embudo, le pongo una piedra gorda y cuando venga una retro, mañana o pasado, pues ya se entierra y ya está.
Declaraba Sánchez.
Mientras Jose, dijo desconocer quien removió la piedra que cubría el peligroso hoyo.
Tanto Jose como Sánchez han declarado a la guardia civil, pero deberán declaran ante sede judicial, por los momentos, se han responsabilizado mutuamente por la falta de autorizaciones. Ambos — el dueño del terreno y el pocero — podrían enfrentar desde una multa, hasta una condena de 4 años.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga será el encargado de determinar si el dueño de la finca o el pocero pudieron haber incurrido en el delito de homicidio imprudente por no haber garantizado las medidas necesarias para impedir que el pozo sea una trampa mortal.
