Este jueves, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, derogó el decreto ejecutivo que daba autorización a los militares de utilizar sus fuerzas para preservar el orden público en medio de las protestas, sin recibir responsabilidades penales por actuaciones desmedidas.
A pesar de la indignación internacional que el documento causó, desde un acto televisado, Áñez explicó que la tomó la decisión, porque, finalmente, se había logrado la pacificación de Bolivia.
“Hemos decidido abrogar el decreto supremo 4078. Esta determinación se tomó considerando que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país se logró la ansiada pacificación de Bolivia”.
Áñez también agradeció a las Fuerzas Armadas “por su decidida y oportuna participación, que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación”.
Esta normativa entró en vigor en medio de los enfrentamientos que tuvieron lugar tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, específicamente el 13 de noviembre. La medida quedó sin efecto el pasado jueves, 28 de noviembre.
La ley provisional establecía que los militares destinados al control público estaban “exentos de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actuaran en legítima defensa o en estado de necesidad”.
En este sentido, la normativa fue empleada con el fin de aplacar las protestas sociales en apoyo y rechazo a Evo Morales, quien actualmente se encuentra exiliado en México.
Tras su aprobación, la misma fue ampliamente criticada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual consideró que la ley desconocía los estándares internacionales en derechos humanos y que, como consecuencia, podría estimular la represión violenta a la ciudadanía.
La oenegé Amnistía Internacional también se pronunció en rechazo al decreto 4078 y exigió su derogación inmediata, al tiempo que recordó a las fuerzas de seguridad que “no sólo debe rendir cuentas por sus acciones y omisiones a título individual, sino también son responsables, inclusive penalmente, todos los superiores que dicten órdenes ilícitas, supervisen o manden y las controlen de algún otro modo, o que puedan ser responsables de la planificación y preparación de las operaciones”.
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, también explicó que: “Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.
La crisis en Bolivia, la cual inició tras las sospechas de fraude electoral en el proceso del 20 de octubre, dejó un total de 33 personas fallecidas, incluyendo ciudadanos indígenas en situaciones sospechosas.
