El gobierno de Donald Trump continúa con sus políticas hostiles contra la inmigración y en esta oportunidad, ha preparado una ley que buscará reducir la entrada regular de inmigrantes al facilitar la negación de solicitudes de residencia de aquellas personas que requieran o puedan ser susceptibles a requerir asistencia social.
La nueva normativa fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en Octubre de 2018 en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después de su publicación el próximo 14 de agosto.
La regla incluye un requisito para que los extranjeros que busquen una extensión de estadía o cambio de estatus migratorio demuestren que no han solicitado la asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante.
Asimismo, denegará a los solicitantes de residencia legal permanente (Green card) y otros beneficios de inmigración si usan asistencia alimentaria como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.
Foto: GETTY IMAGES
De acuerdo a Ken Cuccinelli, director interino estadounidense de Ciudadanía e Inmigración, “el principio que impulsa (la ley) es un viejo valor americano, que es la autosuficiencia”.
“También tendrá el beneficio de proteger a los contribuyentes, asegurando que las personas que están entrando a este país no se conviertan en cargas públicas, que puedan valerse por sí mismas, como lo han hecho los inmigrantes en años pasados”, señaló Cuccinelli.
Al respecto, expertos en reglas migratorias indican que el cambio en la ley de inmigración podría afectar principalmente a la inmigración legal basada en lazos familiares desde países centroamericanos o México, que por estar en vías de desarrollo, sus ciudadanos obtienen menores ingresos que aquellos que son desarrollados o cuentan con economías más sólidas.
Foto: GETTY IMAGES
Por su parte, grupos de defensores por los derechos de los inmigrantes alertan que esta nueva normativa discriminaría a las personas de países pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes a renunciar a la ayuda pública, lo que podría poner en peligro la seguridad alimentaria de muchos.
Estos activistas agregan que la ley penalizaría efectivamente a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan de alguna asistencia de forma temporal y las personas de la tercera edad se verían obligadas a renunciar a subsidios de medicamentos por el riesgo que significaría ser considerados como una “carga pública”.
La nueva regla, no obstante, no afectará a personas que ya sean ciudadanas de los Estados Unidos por naturalización o que ya cuentan con la residencia permanente, pues no tiene carácter retroactivo.
Esta normativa deriva de la Ley de Inmigración de 1882 que permitía al gobierno de EE.UU. rechazar un visado a cualquiera que pudiera convertirse en una “carga pública”.
Gobierno de EE.UU. coloca un nuevo obstáculo a quienes buscan asilo en su país
