Esta semana se dio a conocer la historia de una niña argentina de 12 años que fue violada por un vecino y quedó embarazada en la provincia de Jujuy.
Aunque su familia solicitó un aborto, contemplado por ley, se decidió realizar una cesárea el viernes. En este momento, tanto el niño como el bebé están estables, aunque tendremos que ver cómo evolucionan los próximos días.
El caso se encuentra dentro de lo que la legislación del país considera como «aborto no punible», vigente desde 1921. Es decir, en su situación era legal llevar a cabo una interrupción del embarazo. En ese sentido, el gobernador Gerardo Morales sostuvo que se aplicaría la ley y se garantizaría el derecho al aborto. Sin embargo, con el argumento de que podría ser peligroso para la niña embarazada, se realizó una cesárea en su lugar.
En este sentido, el ministro de Salud Gustavo Bouhid, argumentó que debido al avanzado estado de embarazo (24 semanas) no pudo tomar otra medida.
Aunque la niña tenía casi seis meses de embarazo y el paso del tiempo puso su vida en peligro, los médicos del hospital Guillermo Paterson, donde fue admitida inicialmente, se negaron a practicar la intervención.
Finalmente, después de varios giros y vueltas, la niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil en San Salvador, la capital provincial, donde este viernes se realizó la operación.
‘Aborto no punible en casos de violación’
Más allá de los argumentos presentados por diferentes autoridades políticas y sanitarias, la verdad es que le negaron a la niña un derecho consagrado en la ley argentina y ratificada por el propio Tribunal Supremo.
«La interrupción es algo que concierne a la familia y a la niña», dijo al diario página/12 la abogada Marta Paniagua, abogada y miembro de Derechos Católicos por el Derecho. La abogada, quien es la representante de la niña, recordó que «desde 2012 con La sentencia FAL de la Corte Suprema, que especificaba el alcance del aborto no punible en casos de violación, se aclaró que no hay necesidad de una queja o autorización de un tribunal «y simplemente con» una declaración y consentimiento informado, la práctica médica debe realizarse «, agregó.
Paniagua también informó que tuvo una reunión «con el director del hospital y el ginecólogo», a quien le dijo que «no llevar a cabo la interrupción es cometer una tortura a una niña e ir en contra del deseo de la niña y los padres». »
Como sucedió en diferentes casos relacionados con las luchas feministas y el movimiento de mujeres, el tema fue objeto de debate en las redes. El hashtag # NiñasNoMadres se volvió viral con mensajes denunciando la situación.
Además de exigir un aborto para el menor, se informó que lo que hacen los médicos está calificado como tortura y supone una revictimización de una persona que ya ha sufrido un evento traumático, como una violación.
Al mismo tiempo, se enfatizó que el acceso a un derecho se está debatiendo y no el delito cometido por un adulto contra una niña de 12 años.
Finalmente, también se hizo hincapié en que este no es un evento aislado sino que es un problema social que debe abordarse.
