Este lunes, el juez español Pablo Llanera ha reactivado las órdenes internacional y europea de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, bajo los cargos de sedición y malversación de caudales públicos, según información comunicada por el Supremo español.

Esta sentencia, por el momento, afectará únicamente a Puigdemont, huido de la justicia española en 2017 tras el fallido intento independentista de Cataluña. Sin embargo, se espera que exista un fallo contra los otros seis líderes independentistas  en los próximos días.

Al respecto, las autoridades belgas confirmaron haber recibido la euroorden de Llarena que ahora deberá tramitar la Fiscalía de Bruselas con el fin de que la justicia se replantee la entrega de Puigdemont, y más tarde de los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, a partir de la sentencia que recoge los hechos delictivos cometidos por estos políticos ya probados en el juicio.

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El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. EFE

A pesar de la solidez de la sentencia del Tribunal Supremo español, no será fácil convencer a Bélgica de entregar al expresidente de la Generalitat por delito de sedición, explica El País. Y es que, además de que el delito no tiene correspondencia clara en casi ninguna otra legislatura europea, la petición ya ha fallado anteriormente tanto en Bélgica como en Alemania.

De hecho, tras la negativa de extradición de Berlín, Llarena retiró en julio de 2018 esa orden de detención y solo mantuvo la orden nacional de los otros líderes, quienes solo podrían ser arrestados en territorio español.

Puigdemont rechazó sentencia del Supremo

Además de pedir la extradición de Puigdemont, la sentencia del Supremo prevé encarcelación del expresidente catalán y una pena de 13 años, la cual el independentista calificó de “bárbara”.

“100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca”, expresó a través de su cuenta en Twitter Puigdemont, sobre quien ya pesa una orden de captura nacional en el país ibérico.

Igualmente, a través de un discurso, Puigdemont pidió al pueblo catalán a movilizarse contra el fallo judicial y “hacer sentir” su voz contra la medida “injusta” e “inhumana”.

Asimismo, la justicia española impuso 13 años de pena de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta contra Oriol Junqueras, ex mano derecha de Puigdemont quien pudo comparecer en la audiencia.

Al respecto, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, consideró la condena como “antidemocrática”, un acto de “venganza, no de justicia” y destacó la necesidad de un Estado independiente para Cataluña para “avanzar sin excusas” hacia la república.

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