Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Bolivia informó que al menos unas 27 personas fallecieron por proyectiles de armas de fuego en el contexto de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar tras las fallidas elecciones del 20 de octubre.
De acuerdo a la Fiscalía, esta información fue ofrecida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de un reporte en el que se detallan los estudios balísticos realizados por el Instituto de Investigaciones Forenses, el cual depende del Ministerio Público, sobre las 27 personas fallecidas.
No obstante, el comunicado sí detalla que, en el estudio, a “catorce personas no se les pudo colectar el proyectil, porque tienen orificio de salida”.
Este documento, por otra parte, también se refiere a otras tres personas que también fallecieron en los conflictos, aunque debido a “otras causas” que la Fiscalía no explica.
El 21 de octubre, un día después de las elecciones presidenciales en Bolivia, inició el descontento que daría paso a la serie de protestas en contra del gobierno del expresidente Evo Morales, luego de que se publicaran los resultados preliminares que daban como presidente electo a Morales para un cuarto mandato consecutivo sin necesidad de segunda vuelta.
No obstante, estos datos eran incongruentes con los que se ofrecieron la noche anterior durante la transmisión, los cuales auguraban una victoria de Morales sin los suficientes votos para ser proclamado presidente electo. Es decir, que el balotaje parecía ser un recurso inminente para llegar al desempate.
Las fuertes protestas que tuvieron lugar y que luego evolucionaron a graves enfrentamientos dejaron, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, un total de 35 personas fallecidas.
Al respecto, el diputado del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que en el país andino no se está realizando una investigación imparcial sobre estas muertes.
En este sentido, MAS instó a las autoridades a permitir la visita de funcionarios diplomáticos y de peritaje que permitan determinar si hubo uso desproporcional de la fuerza por parte de los oficiales de seguridad.
“Es aconsejable que venga gente externa a investigar, porque es de su conocimiento que hay violación de Derechos Humanos”, aseguró.
Entre el 15 y 19 de noviembre, se realizaron una serie de operativos militares y policiales que resultaron en la muerte de 10 civiles en la ciudad de Sacaba, así como otros 10 en El Alto. Según el gobierno interino de Jeanine Áñez, estos fallecimientos no se debieron a disparos de los funcionarios del orden público en contra de los manifestantes.
