Este miércoles, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, exigió que se inicie una investigación rápida, imparcial y exhaustiva de los asesinatos a manifestantes en el contexto de las protestas en la ciudad de El Alto.
El jefe de la ONU, igualmente, ha rechazado la violencia en el país andino y ha llamado a la policía a medir su respuesta ante las manifestaciones, mientras que instó a las altas autoridades a “asegurar que las fuerzas de seguridad cumplen con las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza
“Condenamos toda la violencia y llamamos a los actores políticos y sociales a actuar con contención para facilitar el camino a un diálogo pacífico. Por tanto, a buscar soluciones para la actual crisis”, agregó Guterres a través de su portavoz Stéphane Dujarric durante su acostumbrada conferencia de prensa diaria.
Guterres, asimismo, ha lamentado el fallecimiento en sospechosas circunstancias de cinco manifestantes indígenas, cifra que se elevó este miércoles a seis, y enfatizó que debe haber rendición de cuentas por parte de los oficiales de seguridad.
Actualmente, Bolivia se encuentra sumida en una de sus peores crisis políticas de los últimos años luego de que se anunciaran resultados electorales presuntamente alterados que daban como ganador en primera vuelta al expresidente Morales, quien renunció hace casi dos semanas atrás.
Esta crisis, que ha desencadenado en fuertes enfrentamientos entre los simpatizantes de Evo Morales y aquellos que rechazaban su mandato, ha dejado a casi un mes un total de 30 personas fallecidas y unos 775 heridos en todo el territorio boliviano, de acuerdo a datos oficiales ofrecidos por la Defensoría del Pueblo.
Muchos denuncian que gran parte de estas personas han perdido la vida durante enfrentamientos con la policía.
En cuanto a las personas halladas en El Alto, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, cuatro de ellas no han logrado ser identificadas, mientras que las otras dos son unos hombres de 38 y 31 años de edad. Todas serían simpatizantes de Morales, quienes exigían la salida de la presidenta interina Jeanine Áñez y el retorno al país del expresidente (2006-2019).
Las palabras del secretario general de la ONU llegan días después de que Áñez firmara un decreto que podría otorgar impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia al prever “la defensa de la sociedad y el mantenimiento del orden público” a los militares “con apoyo de las fuerzas de la Policía Nacional”.
Este decreto, entonces, deja exentos de responsabilidad criminal a aquellos funcionarios que participen en operaciones para el restablecimiento del orden interno y la seguridad pública “cuando actúen en legítima defensa o por necesidad mientras observan los principios de la legalidad, la absoluta necesidad y proporcionalidad”.
