Máxima Zorreguieta fue acusada en Argentina por no pagar el impuesto inmobiliario correspondiente en su estancia de la Patagonia Argentina. Su inmueble, ubicado a 75 kilómetros de Bariloche tampoco contaría con la habilitación requerida. La hostería, destinada a visitas especiales como la del presidente de Argentina, Mauricio Macri y su familia es administrada durante todo el año por la tía de la Reina de Holanda. El predio estaría formado por unas 3.000 hectáreas.

Según el portal de periodismo de investigación El cohete a la Luna (Buenos Aires), “Máxima es propietaria de tres fracciones de tierra rural en Río Negro cuyas mejoras no declaró ante la provincia y, en consecuencia, evade el pago de los impuestos correspondientes”

La Reina Máxima de Holanda investigada por la justicia argentina

La embajada de Holanda en Argentina, envió un comunicado en el cual sostuvo que su majestad no cometió ningún tipo de irregularidad y que «respeta absolutamente todas las leyes tributarias del país». Los liberales holandeses de izquierda, oposición al actual gobierno de Holanda por el contrario, pidieron que se avance en la investigación para sacar a la luz la defraudación fiscal en el caso que exista  “porque se trata de personas que deben dar ejemplo”.

Los reyes de Holanda habían pasado por un problema similar el año pasado. En 2009, fueron cuestionados por haber construido una lujosa villa para vacacionar en Mozambique, las críticas populares se tradujeron en un debate parlamentario y los reyes finalmente decidieron ponerla a la venta.

Máxima cuestionada en Holanda por costosas reformas en el Palacio Real

Recientemente, la familia real, ha estado en el foco de atención debido a su mudanza al Palacio Real de La Haya, Huis Ten Bosch que le pertenece al Estado de Holanda. Hasta el momento, habían estado viviendo en Villa De Eikenhorst, este cambio ha sido criticado debido a las largas y costosas reformas que se han hecho en Huis Ten Bosch, donde vivió anteriormente la reina Beatríz por décadas. Se estima que las reforman habrían costado cerca de 63 millones de euros a las arcas nacionales.

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