El gobierno venezolano denunció el pasado miércoles que las autoridades migratorias de Perú prohibieron el ingreso de dos magistrados venezolanos el día martes, cuando fueron al país inca para participar en la segunda reunión preparatoria de la vigésima Cumbre Judicial Iberoamericana.

A través de un comunicado, la cancillería venezolana calificó la acción de las autoridades migratorias como un “atropello” y manifestó su categórico rechazo ante los hechos acaecidos el pasado martes, 1 de octubre.

“A la llegada de los funcionarios, se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a Venezuela”, expresó la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

“La decisión unilateral del Gobierno peruano al denegarle el ingreso a funcionarios venezolanos, no solo representan un atropello a los magistrados, sino que además atenta con los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, basamentos de la Carta de las Naciones Unidas”.

En este sentido, la cancillería explicó que la medida de Perú fue tomada bajo el argumento “restricciones migratorias ordenadas por el Gobierno del Perú”, lo que Venezuela consideró como una “flagrante violación de sus obligaciones como país anfitrión [de la Cumbre Judicial]” y de los convenios internacionales.

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Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Foto cortesía: Ciudad CCS

A pesar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no detalló quiénes fueron los afectados por la medida del gobierno peruano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima corte en Venezuela, comunicó en otra misiva que los magistrados deportados fueron la primera vicepresidenta de la Corte, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, y el magistrado Arcadio Delgado Rosales.

En este sentido, el régimen chavista exhortó a las autoridades del Perú a “evitar que hechos como este se repitan y apegarse al derecho internacional como norma que rige las relaciones de dos Estados soberanos”.

La decisión del país liderado por Martín Vizcarra responde a un decreto aprobado en enero del año en curso que prohíbe la entrada de casi 100 altos funcionarios del régimen de Maduro a Perú, incluyendo al mismo Nicolás Maduro, ministros, gobernadores, magistrados y empresarios vinculados al chavismo y sus familiares.

Asimismo, está en consonancia con la postura de Perú dentro de mecanismos como El Grupo de Lima sobre Venezuela y su presidencia, y es que el gobierno del país andino reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de la nación caribeña, postura que tomó el mismo 23 de enero cuando el también presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) se autojuramentó durante un Cabildo Abierto, en la ciudad de Caracas.

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