Cuatro voluntarios del grupo No Más Murtes fueron declarados culpables el día de hoy en el juzgado federal por haber colocado agua en la frontera de Arizona para los inmigrantes indocumentados que llegan hasta allí.

Justicia estadounidense acusa a activistas de afectar un refugio natural

El juez a cargo del caso, Bernardo Velasco, justificó su veredicto diciendo que los voluntarios dejaron agua y alimentos en una zona que es considerada protegida «erosionando la naturaleza del lugar».

El juicio contra Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco duró tres días. Finalmente fueron acusados de haber ingresado con galones de agua en el Refugio de Vida Silvestre de Cabeza Prieta, un área en donde 91 inmigrantes perdieron la vida en 2014.

Los cargos a los que se enfrentas los voluntarios son menores, la sentencia es de hasta seis meses de prisión y las multas de hasta 500 dólares. Hoffman también fue acusada de manejar un vehículo dentro del refugio.

En invierno de 2017 fue cuando el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos denunció por primera vez a los activistas que provenían de diversos lugares, como Seattle, Nueva Orleans y Minneapolis y se los notificó por primera vez.

Activistas enfrentan cargos por dar agua a migrantes en el desierto

Se estima que serían al menos nueve los voluntarios de No Mas Muertes que e enfrentan a cargos por haber puesto agua y alimentos para los inmigrantes dentro del refugio. Hay cinco activistas más cuyos juicios tendrán lugar el 26 de febrero y el 4 de marzo.

«Este veredicto no solo desafía a los voluntarios de No Más Muertes, sino a las personas de conciencia en todo el país. Si dar agua a alguien que muere de sed es ilegal. ¿Qué humanidad queda en la ley de este país?», dijo una de las activistas a la prensa.

En el veredicto, el juez Velasco dijo que los galones de agua que eran dejados dentro del área protegida erosionaban la decisión nacional de «mantener el refugio en su naturaleza prístina».

Entre los acusados se encuentra un profesor de la Universidad de Arizona, Scott Warren, cuyos cargos son mayores y podrían llegar a los 20 años de prisión, ya que se lo acusa también de haber albergado inmigrantes indocumentados.

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