En Bogotá, la jornada comenzó con tranquilidad y poca afluencia peatonal y de vehículos. Asimismo, la capital amaneció con unidades militares desplegadas con el fin de proteger instalaciones estratégicas a pedido del mandatario conservador.
La imagen fue repetida en otros puntos de Colombia, lo que provocó la preocupación de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien advirtió en un comunicado que “los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos”.
Iván Duque, sin embargo, aseguró que hará lo necesario para garantizar el orden en Colombia, a pesar de reconocer la importancia de la protesta pacífica en una democracia.
Duque, igualmente, hizo énfasis en que existiría “una campaña basada en mentiras” contra su gobierno que busca desestabilizar el país suramericano.
Su preocupación se basaría, por supuesto, en la ola de protestas en la región que han causado fuertes crisis en los últimos meses en Ecuador y Chile, y más recientemente en Bolivia.
De hecho, los grupos convocantes a la protesta de este jueves han llamado a un pario nacional en las ciudades principales e intermedias de Colombia, también en rechazo al manejo del gobierno por parte de Duque, quien es heredero político del polémico Álvaro Uribe.
“Es un acumulado de situaciones que esperamos nosotros que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar todo esto luego de la jornada”, explicó al respecto de este llamado a paro el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, en declaraciones para AFP.
Los malestares sociales que los colombianos rechazan este jueves, 21 de noviembre, se enmarcan en las supuestas reformas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones.
Por su parte, los indígenas colombianos exigen mayor protección al gobierno tras el asesinado de 134 miembros de sus comunidades desde la asunción al poder de Duque, mientras los estudiantes piden un presupuesto más amplio para la educación pública.
Sin embargo, el punto en el que todos los grupos coinciden es el de las políticas económicas del gobierno, así como la de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico y su manejo del acuerdo de paz que llevó al desarme de las anteriormente llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual el gobierno estaría intentando modificar.
