Luego de que el presidente Donald Trump argumentara que los mandatarios son inmunes a investigaciones criminales con el fin de librarse de entregar sus declaraciones de impuestos, un juez federal determinó este lunes que el también empresario deberá atender al llamado de la corte que busca conocer las actividades como contribuyente del republicano de los últimos ocho años.
En un documento de 75 páginas, el juez Marrero calificó el argumento del mandatario como “repugnante hacia la estructura gubernamental de la nación y sus valores constitucionales”, pues ni los presidentes, ni sus familias o negocios están por encima de la ley.
Descubierto hasta la médula. La proposición que el Presidente presenta se reduce hasta la misma noción que los Fundadores rechazaron durante la creación de la República y que la Suprema Corte ha repudiado de forma inequívoca: que un dominio constitucional existe en este país en el que no solo el presidente, sino, derivadamente, sus familiares, personas y entidades de negocios asociadas con él en actividades privadas potencialmente ilegales están, de hecho, por encima de la ley.
El fiscal del distrito acordó no poner en vigor la citación a la corte del presidente Trump hasta el lunes a la 1 PM, hora local de Nueva York, momento en el que el juez Marrero tomaría su decisión al respecto. No obstante, una vez llegó el fallo, los abogados de Trump apelaron la medida a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito 2, por lo que el gran jurado y los fiscales del estado de Nueva York deberán esperar hasta la segunda instancia para recibir las declaraciones de impuestos.
Esta medida del juez Marrero llega poco más de un mes desde que el fiscal del distrito de Manhattan citara a la compañía de Trump, Mazars USA, para que entregara las declaraciones de impuestos personales y corporativos del empresario desde el 2011.
La demanda, reporta The New York Times, produjo ciertas dudas constitucionales y atrajo al Departamento de Justicia, el cual apoyó al presidente en su petición por retrasar la aplicación del llamado de la corte.
La Constitución de los Estados Unidos, no obstante, no determina de forma explícita si un jefe de Estado puede ser investigado por cargos criminales mientras está en curso su administración y, hasta el momento, la Suprema Corte se ha negado a aclarar esta cuestión.
El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr. ha estado investigando si alguna ley del estado de Nueva York fue rota cuando el mandatario y su compañía reembolsaron los pagos del exabogado de Trump, Michael Cohen, hacia la estrella porno y presunta examante del entonces candidato presidencial, Stormy Daniels.
A pesar de que en el 2016, durante la campaña, Trump prometió hacer públicos sus pagos como contribuyente, hasta los momentos el mandatario no ha hecho nada por el estilo y, de hecho, él y sus abogados han luchado fuertemente para mantener los impuestos del republicanos y sus empresas como un secreto.
De llegar a obtener las declaraciones de impuestos, el fiscal Vance no podrá hacerlos públicos a menos que los documentos se convirtieran en evidencia en un caso criminal, advierte The New York Times.
