Ante la presión de Washington, México está dando marcha atrás en su promesa de dar un mejor trato a migrantes centroamericanos. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió un trato más humano cuando asumió el cargo en diciembre pero, tras el aumento de migrantes, el gobierno de México está recurriendo a viejas tácticas basadas en una aplicación más dura de la ley.
México suspendió la política de otorgamiento de visas, como resultado, las detenciones de migrantes que se dirigen al norte han aumentado, según datos del gobierno.
En consecuencia, el presidente, Donald Trump, prometió limitar el comercio con México si el país no ayuda a frenar la inmigración. A lo que el gobierno de López Obrador señaló que no reaccionará ante las “amenazas”. No obstante, fuentes familiarizadas con la política mexicana que pidieron no ser identificadas afirmaron que la presión casi diaria de EE.UU. había llevado a las Secretaría de Gobernación y a la cancillería a presionar al Instituto Nacional de Migración (INM) para que tome medidas más estrictas.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una petición de comentarios.
Datos no divulgados del INM
Los datos no divulgados del INM, revisados por el portal Reuters, detallaron que detuvo a 12,746 inmigrantes indocumentados en marzo, un aumento de casi un tercio desde febrero y dos tercios desde enero.
La agencia también suspendió su programa de visas humanitarias el 28 de enero, después de emitir unas 13,000. Sin embargo, en febrero se emitieron algunas visas, pero ninguna desde entonces, aseveró un funcionario del INM en la Ciudad de México, quien no estaba oficialmente autorizado para hablar con la prensa y pidió permanecer en el anonimato.
Por otro lado, el INM informó en un comunicado que sigue abierto a la emisión de visas humanitarias, dando prioridad a mujeres, niños y ancianos.
En Chiapas, la decisión del INM de cerrar su oficina principal en la ciudad fronteriza de Tapachula hace un mes forzó a cientos de migrantes a trasladarse 105 kilómetros al norte, a la pequeña Mapastepec, donde han languidecido bajo temperaturas sofocantes esperando visas humanitarias.
Cientos de hombres, mujeres y niños se han refugiado durante casi tres semanas dentro del estadio, mientras funcionarios de migración registraban sus identidades pero descuidaban a un grupo que acampaba sobre la carretera, dijeron activistas de derechos humanos y migrantes.
Una «crisis humanitaria»
Una coalición de 14 grupos de derechos y ayuda que operan en Chiapas consideran que la aglomeración de migrantes varados como una “crisis humanitaria”.
“El Estado mexicano está respondiendo con prácticas igual de represivas que lo hizo el gobierno anterior en términos de política de control de detención y deportación pero de una manera aún más desordenada”, dijo Salva Lacruz, un coordinador de Fray Matías de Córdova, un grupo migrante que opera en Chiapas.
El comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, comentó en una entrevista reciente que la oficina estaba adoptando un enfoque más “estricto” en el sur de México debido a la afluencia de migrantes en Chiapas. Más aun, negó que fuera una respuesta a la presión de EE.UU. al tiempo que explicó que México seguía adelante con políticas migratorias más humanas.
