Este viernes, un juez del distrito sur del estado de Nueva York emitió una orden de ámbito nacional que prohíbe la entrada en vigor de la polémica ley del presidente Donald Trump que buscaba endurecer el acceso a permisos de residencia a migrantes de bajos recursos que puedan ser considerados como “cargas públicas”.
De acuerdo al magistrado George B. Daniels, la regla no puede implementarse a lo largo del país norteamericano tras haber recibido una demanda por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, los cuales consideran que la medida perjudica principalmente a inmigrantes de minorías raciales, por lo que puede ser considerada como discriminatoria.
De esta forma, el juez Daniels se convierte en el primero en bloquear la política propuesta por Trump el pasado mes de agosto, quien afirmó en el documento que “el equilibrio de las acciones y los intereses de la justicia favorecen la emisión de una orden judicial preliminar”.
Al respecto de la decisión del juez Daniels, la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, ha afirmado que el fallo ha permitido frenar una normativa que habría tenido “efectos devastadores en los neoyorquinos y en nuestra nación, y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho”.
Esta medida judicial se produce pocos días después de que el presidente Trump también intentara imponer una normativa con el fin de negar visas de inmigrantes a todos aquellos que no puedan probar que tendrán la capacidad de pagar un seguro médico o su propia atención en el sistema de salud estadounidense.
La regla de la “carga pública” estaba programada para entrar en vigor el próximo martes y establecía nuevos parámetros para determinar quién podría convertirse en un candidato para la beneficencia pública con el fin de prohibirles la residencia permanente.
Esta ley habría afectado, principalmente, a las personas de bajos recursos provenientes de países centroamericanos, ciudadanos que debido a la violencia en sus países se movilizan hasta Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida.
Igualmente, habría afectado a inmigrantes ya residenciados en Estados Unidos, quienes no podrían solicitar un cambio de estatus migratorio de ser beneficiarios de programas sociales del Estado.
En este sentido, activistas advirtieron que la medida podría poner en peligro la seguridad alimentaria de miles, incluyendo adultos mayores, quienes renunciarían a sus beneficios públicos con el fin de quedarse en los Estados Unidos.
En números, la normativa habría afectado directamente a casi 1,2 millones de solicitantes al año, incluyendo a unos 500.000 que ya están en el país.
