Las hijas del expresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, calificaron el domingo como una condena a muerte la decisión de un juez de ordenar prisión por tres años para su padre; mientras se le investiga por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Es importante recordar que un juez ordenó el jueves prisión preventiva para Kuczynski, en el marco de una investigación que ha involucrado a otros expresidentes del país acusados de favorecer con contratos a Odebrecht.
La orden de prisión para Kuczynski se produjo un día después de que el expresidente Alan García se suicidara de un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo por las pesquisas de corrupción de Odebrecht, en un giro dramático en el escándalo de sobornos más grande de América Latina.
En relación, una de las dos hijas del exmandatario, Alexandra Kuczynski, en una conferencia de prensa señaló que querían “denunciar que es absolutamente inhumano que se pretenda encarcelar a un señor de casi 81 años por 36 meses antes de que inicie el juicio”.
Por su parte, Kuczynski, exbanquero de Wall Street que alguna vez tuvo la ciudadanía estadounidense, niega cualquier ilícito.
«Es humillante»
Asimismo, Alexandra Kuczynski consideró “humillante” el hecho de que policías hayan acudido hasta la Clínica Angloamericana, en donde Kuczynski permanece internado por problemas cardiacos, para detenerlo con esposas.
“Para un hombre (…) con problemas cardiacos como los que tiene, es en la práctica una condena de muerte. Él no merece pasar por esta tortura”, afirmó.
“Él está absolutamente dispuesto a responder en libertad todas las acusaciones de los fiscales”, puntualizó en la conferencia Alexandra Kuczynski junto a su hermana Carolina y su tío Miguel Kuczynski, hermano del expresidente.
La orden de prisión a Kuczynski y el suicidio de García han generado algunas críticas de que la investigación sobre los sobornos de Odebrecht se ha vuelto agresiva y que los fiscales y jueces están abusando del uso de la prisión preventiva.
Bajo las leyes peruanas, los sospechosos de delitos pueden permanecer en la cárcel antes del juicio hasta por tres años si los fiscales muestran evidencia de que los acusados podrían ser condenados, tratar de huir u obstruir la investigación, según información de Reuters.
