EE.UU. postpondrá por dos semanas una decisión sobre permitir la implementación completa de la ley Helms-Burton. La medida aumenta la presión sobre compañías españolas, canadienses y de otros países que podrían ser demandadas por “traficar” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano hace sesenta años.

La decisión, que se anunció este miércoles, se produce en medio de las críticas de EE.UU. contra el gobierno de Cuba, al que acusó de sostener a Nicolás Maduro en Venezuela.

En un comunicado enviado al Congreso, el secretario de Estado Mike Pompeo informó que EE.UU. “continúa examinando la situación de los derechos humanos en Cuba, incluida la continua represión de los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión… y a reunirse libremente”. Al tiempo que Pompeo añadió que el departamento de Estado “también está monitoreando el continuo apoyo militar, de seguridad y de inteligencia que Cuba” está ofreciendo al mandatario venezolano, “quien es responsable de la represión, la violencia y una crisis humanitaria… en Venezuela”.

Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

Reacciones sobre nueva medida relacionada con la ley Helms-Burton

El senador republicano, Marco Rubio, publicó en su cuenta oficial de Twitter el lunes lo siguiente: “El régimen de Cuba es la razón más importante por la que el régimen de Maduro todavía puede reprimir, encarcelar, torturar y matar al pueblo de Venezuela”. Luego añadió la etiqueta “#HelmsBurton”, sin dar más detalles.

El asesor de seguridad nacional, John Bolton, en la misma red social publicó lo siguiente: “Los Estados Unidos responsabilizarán a Cuba por la subversión de la democracia en Venezuela y su mano directa en la actual represión de Maduro contra el pueblo venezolano”.

El Título III de la ley Helms-Burton

La Administración de Donald Trump rompió con la práctica de suspender cada seis meses el Título III de la ley Helms-Burton, un capítulo que permite a los estadounidenses presentar demandas para buscar compensación por las propiedades que les fueron confiscadas por el gobierno del fallecido Fidel Castro a partir de 1959. La ley Helms-Burton, aprobada en 1996, reforzó el embargo a Cuba.

Desde el 16 de enero, cuando emitió una suspensión de 45 días, la administración ha ido reduciendo los períodos de suspensión del Título III, lo que indica su disposición a endurecer el embargo.

A inicios de marzo, la administración permitió las demandas a unas 200 compañías cubanas asociadas a los militares que ahora controlan propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Pero aplazó por un mes tomar una decisión sobre si permitir que se demande a compañías extranjeras presentes en la isla, en medio de consideraciones sobre qué hacer para buscar apoyo internacional a una campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

España, Canadá y Francia estarían entre los países más afectados por una implementación completa del Título III pues tienen inversiones en el turismo y la minería en la isla. La suspensión cada seis meses de la Ley Helms-Burton fue precisamente una respuesta de los presidentes estadounidenses a las quejas de sus aliados, quienes protestaron por los efectos extraterritoriales de la ley.

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