Este lunes, un tribunal de El Salvador absolvió a Evelyn Hernández, una joven de 21 años, del cargo de homicidio agravado por haber dado a luz a un bebé muerto en 2016.
El caso, que partía de las extremadamente restrictivas leyes antiabortistas en el país centroamericano captó atención internacional, pues la Fiscalía General de El Salvador pedía 40 años de cárcel en un nuevo juicio ordenado por la Corte Suprema.
Y es que la joven ya había sido condenada en 2016 a 30 años de prisión y, entre los procesos, estuvo encarcelada un total de 33 meses antes de ser puesta en libertad condicional en febrero de 2019.
Pero… ¿qué fue lo que pasó?
En abril de 2016, Hernández, quien entonces tenía 18 años, sintió un fuerte dolor en el estómago que atribuyó a ganas de ir al baño. Sin embargo, mientras intentaba defecar, se desmayó del esfuerzo y comenzó a desangrarse en el baño de su casa.
Cuando despertó, ya en el hospital, le notificaron que estaba siendo investigada por haber sufrido un aborto espontáneo por presunta omisión de tratamiento. No obstante, Hernández ni siquiera sabía que estaba embarazada.
Y es que la entonces adolescente no habría presentado los síntomas comunes de un embarazo, como ocurre en muchos casos. Y, además, de acuerdo a Hernández, el bebé era producto de una violación por parte de un pandillero.
Hernández explicó que esta persona abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones bajo amenaza, por lo que no denunció el delito. No obstante, la fiscalía puso en duda su versión y prosiguió a procesarla por la muerte del niño que Hernández dio a luz en un parto extrahospitalario en una letrina en su casa en una zona pobre a las afueras de El Salvador.
Hernández fue condenada a mediados de 2017 por la jueza Nury Velásquez y, de acuerdo a la joven en declaraciones para Univisión, lo único que pensó entonces fue en suicidarse, pues pasaría casi su mismo tiempo de vida en la cárcel, mientras que la persona que la violó y la puso en esa situación estaba en plena libertad.
A pesar de esto, Hernández fue liberada para procesar su caso nuevamente, una novedad en el ultraconservador país en casos de aborto espontáneo, y cuando comenzó a rehacer su vida (estaba estudiando computación y trabajaba en una casa de familia), la fiscalía volvió a pedir su encarcelamiento, esta vez por 40 años.
“Evelyn se puso a llorar cuando la fiscalía pidió 40 años de cárcel”, notó la abogada en derechos humanos de Women’s Equality Center, Paula Ávila-Guillén.
“Estoy indignada con la fiscalía, es absurdo que hagan una argumentación basada en estereotipos de género diciendo que ella debía saber que estaba embarazada, que ella debía haber tenido cuidado en su embarazo, que ella debió haber pedido ayuda y que era mentira que ella hubiese sido violada”, expresó la letrada en leyes.
“Como ella no cumplió ese deber, la fiscalía está pidiendo 40 años. Esto es una arbitraria aplicación de la ley, es absolutamente ilegal y contrario a los principios del derecho”.
Sin embargo, la práctica sería más común de lo que se cree en El Salvador, país que, de acuerdo a Ávila-Guillén, criminaliza la pobreza de las mujeres, a quienes condenan a fuertes etapas de prisión por haber sufrido abortos espontáneos, bajo la premisa de que los incidentes sucedieron por negligencia.
“En un proceso penal normal quien tiene la carga probatoria es la Fiscalía, porque se presume la inocencia del acusado. Pero en El Salvador, en los procesos contra mujeres, es la defensa a quien le toca demostrar la inocencia”, la abogada explica.
De hecho, el caso de Evelyn Hernández se habría resuelto de forma positiva por meras faltas de pruebas que la culpabilicen del crimen del que se le acusaba y no porque el juez haya pensado que de verdad era inocente.
El Salvador es el país de la región latinoamericana con leyes antiabortistas más fuertes, donde la pérdida de un feto, bajo las circunstancias que sean, es considerada delito sin importar si la vida de la madre haya estado comprometida, si era producto de una violación, o si se hubiese presentado complicaciones en un parto extrahospitalario.
En los últimos 20 años, decenas de mujeres pobres que reportan haber sido violadas son acusadas de asesinato por haber perdido el feto y no importa lo que ellas pueden argumentar.
De acuerdo a Women’s Equality Center, 149 mujeres han sido condenadas por la muerte de sus bebés. De las cuales 17 continúan en prisión.
