Tras veintiséis horas y media de deliberaciones, el jurado popular de la Audiencia Provincial de Almería ha declarado culpable a Ana Julia Quezada del asesinato del niño Gabriel Cruz, de ocho años, quien fue hallado en marzo sin vida en marzo de 2018 tras 12 días de haber estado desaparecido.
El veredicto del jurado, conformado por siete mujeres y dos hombres, también declarado a Quezada culpable, por unanimidad, de dos delitos por daños psíquicos y otros dos contra la integridad moral de los padres del pequeño, Ángel Cruz, quien fue pareja de Quezada, y Patricia Ramírez.
De acuerdo al jurado, Quezada mató al niño Gabriel de forma “intencionada y súbita” al haber empleado en el acto medios, modos o formas que aseguraran el fallecimiento de Cruz, sin correr el riesgo de que pudiera defenderse.
No obstante, no consideraron que Quezada haya actuado con ensañamiento para aumentar de forma deliberada el dolor que el niño padeció durante el crimen, como señaló el abogado de la familia. Igualmente rechazaron como atenuante del delito que Quezada haya actuado bajo los efectos de ansiolíticos, como alegaba la defensa, y se opusieron a la suspensión de la ejecución de la pena y a una posible petición de indulto.
Durante la lectura del veredicto, la familia de Gabriel presente en la audiencia (su madre, su padre y su abuela) se encontraba inquieta por las conclusiones del jurado.
Patricia Ramírez, quien sujetaba la mano de su madre y de su psicólogo, no podía parar de llorar ni de moverse. Asimismo, tapó los oídos de la abuela cuando el jurado leía los pasajes más crudos de la muerte de Gabriel.
El padre del niño y expareja de Quezada, Ángel Cruz, por su parte, se encontraba inexpresivo y solemne durante la lectura y miraba una y otra vez a la acusada, quien dio la espalda a los tres miembros de la familia del pequeño.
Por el veredicto, la fiscalía solicitó prisión permanente revisable por asesinato con alevosía, así como tres años adicionales por los daños psíquicos a los padres del niño Cruz y otros dos años y nueve meses por los causados a la madre.
Asimismo, la fiscal pidió una orden de restricción como protección a los padres y a la abuela de Cruz de, al menos, mil metros de distancia por los próximos 30 años, así como el pago de los costos de búsqueda de Gabriel, que ascienden hasta los 200.203 euros.
El abogado de la familia, por su parte, pidió sentencia similar, pero con seis años de prisión adicional por las lesiones psíquicas a los padres, así como una indemnización de 250.000 euros para cada uno de los progenitores.
“Como dijimos en su día, íbamos a luchar con uñas y dientes para que esta bruja no pisara más la calle, y lo hemos conseguido, hemos conseguido justicia para Gabriel”, expresó a la salida del juzgado Patricia Ramírez, con la voz quebrada.
Por su parte, Ángel Cruz expresó: “Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad para no poder hacerle daño a nadie”.
El caso ha quedado en espera por la sentencia de la jueza Alejandra Dodero.
