La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México aprobó la Norma Oficial Mexicana que ordena que todos los hospitales públicos del país norteamericano practiquen abortos a las mujeres, niñas y adolescentes que así lo requieran por causas de violación sin la necesidad de recibir un permiso del Ministerio Público al realizar la denuncia.
De esta forma, el máximo ente judicial del Estado Mexicano ha puesto fin a las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos de Baja California y Aguascalientes en 2016 que impugnaron la reforma a favor de las mujeres y niñas por supuestamente ser “ilegal y violatoria” de sus políticas.
Ahora solo bastará con la palabra verbal o por escrita de la víctima de violencia sexual para poder acceder a la interrupción voluntaria del aborto en cualquier institución pública.
En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud debe hacerse por medio de sus padres o un tutor.
El fallo de la Suprema Corte fue bienvenido por los activistas feministas y por los derechos de las mujeres y personas gestantes en general, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues a pesar de que el aborto en casos de violación ya era legal en México, correspondía a los congresos de cada estado determinar su aplicación, bajo el principio de jurisprudencia.
En México el aborto se regula por el Estado y existen circunstancias que permiten su práctica sin que esto signifique haber cometido un crimen.
En los 32 estados mexicanos, el aborto es legal cuando es producto de una violación y ya no es necesario comprobar haber sido agredido sexualmente para acceder a este derecho.
En 24 estados, el aborto es legal cuando representa un peligro para la vida de la persona gestante. En 16 cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15 se acepta la interrupción voluntaria del embarazo a causa de riesgos a la salud e inseminación artificial no consentida.
En solo dos estados de México, se aceptan razones socioeconómicas para poder acceder al aborto.
América Latina lucha por su derecho al aborto legal, seguro y gratuito
El tema del aborto y los derechos reproductivos en general continúan siendo una controversia en América Latina, una de las regiones con las leyes antiaborto más restrictivas de todo el mundo.
La interrupción del embarazo es, en pleno 2019, un tema tabú en la mayoría de las naciones latinoamericanas y sigue siendo completamente restringida en El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinám.
No obstante, en lugar de “salvar las dos vidas”, como plantean los grupos antiabortistas, la penalización del aborto trae muchísimos más problemas que beneficios y es que, en la región en la que se producen más embarazos no deseados (de acuerdo a la ONU, esta cifra sería de un 56 %), cada año se realizan cientos de miles de abortos clandestinos que derivan en complicaciones y suponen una de las principales causas de mortalidad materna.
De acuerdo a la Cepal, esto se refleja en 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Al año, alrededor de 2 millones de abortos clandestinos son realizados en Latinoamérica, de los cuales más de 1 millón se realizarían en Brasil, unos 500.000 en Argentina, el centro de la campaña en pro del aborto; 400.000 en Colombia y 160.000 en Chile.
A pesar de que en muchas de estas naciones, el aborto está parcialmente despenalizado, con tres excepciones generalizadas (violación, inviabilidad del embarazo, riesgo para la salud y/o la vida de la mujer), en ocasiones se presentan obstáculos burocráticos deliberados que retrasan y hacen inviable la interrupción del proceso de gestación, incluso en niñas menores de 15 años.
En Colombia, Argentina, Brasil y Chile estos retrasos se ven reflejados en la negación de la prestación, la rotación de la persona embarazada por diferentes centros de salud, la exigencia de pronunciamientos de juntas médicas y hasta la objeción de conciencia de los médicos.
Uruguay, Cuba, Puerto Rico y Ciudad de México son los únicos territorios latinoamericanos donde el aborto es completamente legal.
