El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó este viernes paralizar la extradición de tres venezolanos –el exjefe de seguridad de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez; la esposa de éste; Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del antes mencionado presidente fallecido venezolano y titular del FONDEN; y José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)- reclamados por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente, además, por blanqueo de capitales a través de empresas afincadas en Panamá.
En relación, el diario Europa Press señaló que basándose en informes de instituciones, organizaciones y ONG existen el riesgo de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales de las personas en esta situación.
En una primera decisión a fines del año pasado la propia Audiencia Nacional había aceptado la extradición al considerar las acusaciones por blanqueo de fondos “delitos ordinarios” y no advertir “motivación espuria en la reclamación”. Sin embargo, la defensa del matrimonio alegó durante el proceso que ambos eran víctimas de una “persecución política” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Por otro lado, en el caso de Claudia Patricia y su esposo Adrián Velásquez, los magistrados consideraron que hechos, «que de forma aislada no tendrían significación», en su conjunto, «y especialmente en este contexto general, configuran un juicio de alto riesgo de afectación de los derechos» fundamentales de los reclamados. Incluso, se destacó la relación que mantenían con el gobierno de Hugo Chávez «en contraposición al actual de Maduro» y su posicionamiento «en contra del actual sistema», además de tener en cuenta que la investigación para pedir su entrega «se inicia por el servicio de contrainteligencia militar y casi se desarrolla en toda su totalidad por el Sebin (Servicio de Inteligencia Nacional)».
«Sobre este servicio pesan multitud de denuncias internacionales sobre sus prácticas de tortura», señaló el auto, al recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas de protección a favor de Lorente Saleh y Gerardo Carrero, dos estudiantes venezolanos que estuvieron presos en las instalaciones del Sebin.
Acusaciones hacia Claudia Patricia y Adrián José Velásquez
Foto: Archivo de Efecto Cocuyo
Ahora bien, el portal 20 minutos indicó que según una investigación venezolana, las empresas panameñas fueron creadas por el matrimonio con la ayuda de Mossack Fonseca, el bufete jurídico que ayudaba a poderosos y famosos de todo el mundo a esconder sus fortunas fiscales, según reveló la filtración de los conocidos “Papeles de Panamá”. También, afirmó que la pareja es objeto de una investigación por parte de un juzgado de Madrid por la presunta compra de una propiedad en la capital española con fondos supuestamente desviados a través del entramado empresarial creado en Panamá.
